Introducción

El objetivo de este artículo es caracterizar los cambios recientes en las relaciones que se establecen entre las universidades nacionales y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) en especial en las convocatorias a becas doctorales y atendiendo particularmente al diseño de la evaluación. Para ello, se reconstruye las principales características de la relación entre el organismo científico provincial y las universidades nacionales, tomando en consideración el diseño e implementación del instrumento de becas doctorales durante el período 2013 a 2025.

Este trabajo aborda el caso de las becas doctorales de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA), un organismo de ciencia y tecnología de escala subnacional que opera en el territorio con mayor densidad universitaria de Argentina. Si bien su peso relativo en términos de volumen de financiamiento y cantidad de becas es menor comparado con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) o con los programas propios de las universidades nacionales (Fiorucci, 2022), la relevancia de la CICPBA radica en su modelo de gestión asociada. Este organismo científico provincial implementa instrumentos de cofinanciamiento donde la provincia y las universidades nacionales establecen convenios para la formación de doctores. En este esquema, ambas instituciones intervienen activamente en la definición de agendas de investigación y en la construcción de criterios de evaluación, permitiendo una gobernanza compartida que sitúa la demanda institucional o provincial en el centro del diseño de la política científica.

Bajo esta lógica de interacción institucional, el artículo analiza dos dispositivos centrales: las becas doctorales cofinanciadas y las Becas Bonaerenses de Innovación (BBI). Estas últimas, creadas en un contexto nacional de ajuste y reducción presupuestaria (2024-2025), representan una estrategia novedosa de promoción científica que contrasta con el achicamiento de organismos nacionales como el CONICET o la Agencia I+D+i. En este marco, la CICPBA ha profundizado su perfil histórico orientado a la transferencia de conocimiento y la investigación aplicada, diferenciándose de la tradición de ciencia básica que ha primado en la escala nacional. Estudiar estas estrategias permite matizar los análisis sobre el sistema científico argentino actual, visibilizando cómo las políticas científicas a nivel subnacional pueden constituirse en modelos de referencia para otros Estados que busquen fortalecer sus capacidades de investigación y desarrollo en diálogo con el sistema universitario nacional.

A su vez, este trabajo pretende analizar las políticas de formación de investigadores en las universidades nacionales, atendiendo particularmente a las características singulares que asumen en la actualidad las políticas evaluativas a escala provincial. Para ello, se identifican una serie transformaciones recientes en el sistema de evaluación del personal de investigación de la CICPBA, tomando en consideración cuestiones de inclusividad, como las de equidad de género, la descentralización y la definición de temas prioritarios. Asimismo, se identifican una serie de desafíos externos e internos que enfrentan las instituciones académicas y científicas en sus procesos de evaluación y que tensionan las trayectorias investigativas.

El corpus empírico del artículo está conformado por el análisis de bibliografía especializada, las políticas de investigación en las universidades y su relación con los organismos de ciencia, tecnología e innovación y sobre la evaluación de la investigación; datos estadísticos secundarios; informes y resoluciones del órgano directivo de la CICPBA; el análisis de las grillas de evaluación de las convocatorias a becas; y se beneficia de cuatro entrevistas semiestructuradas realizadas en el marco de una investigación más amplia¹ a funcionarios de organismos públicos provinciales y nacionales.

El artículo se organiza de la siguiente manera: primero, se reconstruye históricamente el vínculo entre el sistema universitario y la CICPBA; segundo, se analizan las becas cofinanciadas como procesos de territorialización; tercero, se examina el surgimiento de las BBI y las tensiones en las plantas docentes universitarias; y finalmente, se abordan las reapropiaciones de la evaluación en universidades de reciente creación.

Contextualización histórica del vínculo entre las universidades nacionales y la CICPBA

El sistema universitario argentino se constituyó inicialmente sobre un núcleo de instituciones concentradas en los grandes centros urbanos. Hacia fines de la década de 1950, la estructura estatal se limitaba a ocho universidades nacionales (Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Litoral, Tucumán, Cuyo, del Sur y del Nordeste), que operaban bajo un esquema de alta concentración geográfica.

Hacia 1942 el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires fundó el LEMIT (Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica), bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas. Esta iniciativa precedió a la consolidación del Complejo Científico y Tecnológico Nacional en la década de 1950, caracterizado por la creación de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que se desarrollaron mayoritariamente por fuera del ámbito de las universidades nacionales (Oteiza, 1992).

La creación de la CICPBA en 1956 se apoyó tempranamente en los institutos de investigación de la UNLP y en laboratorios como el LEMIT para desarrollar campos consolidados como la ingeniería, la física y la biología (Fiorucci, 2022). A diferencia del CONICET, fundado en 1958 con una orientación hacia las “ciencias puras” y con mayor autonomía respecto de los intereses inmediatos del Estado (Kreimer, 2010; Hurtado, 2010), la CICPBA fue diseñada con un marcado perfil de vinculación territorial. Según su ley fundacional, el organismo debía evacuar consultas del Gobierno provincial y orientar su agenda de investigación hacia las demandas públicas y los problemas técnicos de la región.

A nivel universitario, la ruptura del modelo tradicional se produjo con el Plan de Nuevas Universidades, conocido como “Plan Taquini”, cuya implementación entre 1971 y 1973 dio lugar a la creación de trece instituciones nacionales. Esta etapa buscó la desconcentración de las sedes metropolitanas y la interiorización del sistema.

La última dictadura cívico-militar (1976-1983) no solo provocó el exilio y la desaparición de científicos, sino que implementó una política de investigación que profundizó la escisión entre las universidades y los organismos de ciencia (Hurtado, 2010). En contraposición a la idea de un desmantelamiento total del sistema científico, el CONICET funcionó como punta de lanza de este proceso: tras un período inicial de depuración y disciplinamiento ideológico que afectó a más de 600 agentes, el organismo experimentó una expansión institucional y presupuestaria en desmedro de las universidades nacionales (Bekerman, 2018). En este contexto, la CICPBA consolidó su autonomía y fortaleció su estructura bajo una lógica similar, orientada a la formación de una “masa crítica” mediante un aumento exponencial de becas de posgrado, que se cuadruplicaron en los primeros cinco años de gestión (Fiorucci, 2022).

Durante la década de 1990, bajo la lógica de la “modernización conservadora” influenciada por organismos multilaterales de crédito (Albornoz y Gordon, 2011; Roca y Versino, 2009), se produjo una nueva ola expansiva que incorporó nueve universidades nacionales al sistema. Este período tuvo un impacto territorial significativo en la provincia de Buenos Aires, ya que seis de estas instituciones se radicaron en el Conurbano bonaerense: Quilmes (UNQ), General Sarmiento (UNGS), San Martín (UNSAM), La Matanza (UNLaM), Lanús (UNLa) y Tres de Febrero (UNTREF). En paralelo, la CICPBA profundizó su perfil de vinculación con el Poder Ejecutivo bonaerense y con las demandas productivas provinciales. Esta impronta territorial y aplicada, sumada a las restricciones presupuestarias, derivó en una reducción del 70 % en la cantidad de becas otorgadas durante los primeros años de la década, mientras la planta de investigadores se mantuvo prácticamente estable hasta la crisis de 2001.

Tras la crisis de 2001, el sistema universitario inició un nuevo proceso de expansión que incorporó once universidades nacionales, profundizando la capilaridad territorial. En la provincia de Buenos Aires, esta etapa reforzó el cordón del Gran Buenos Aires con la creación de seis nuevas instituciones: Avellaneda (UNDAV), Moreno (UNM), Arturo Jauretche (UNAJ), José C. Paz (UNPAZ), el Oeste (UNO) y San Antonio de Areco (UNSAdA). En este período, la CICPBA inició un proceso de jerarquización institucional en sintonía con las políticas nacionales de orientación neodesarrollista, recuperando la tradición de ser presidida por referentes académicos de las ciencias exactas e ingenierías. En el año 2001 se generó la reforma de su organigrama, que incorporó por primera vez las Humanidades y Ciencias Sociales mediante la creación de una subcomisión que alcanzó el rango de comisión propia en 2008.

En materia de formación de recursos humanos, la CICPBA acompañó la tendencia nacional de expansión del sistema científico, aunque con dinámicas propias. Mientras el CONICET implementaba planes masivos destinados a revertir el envejecimiento de su planta (Unzué, 2011), el organismo provincial logró incrementar más de un 50 % el otorgamiento de becas. Este crecimiento consolidó a la Comisión como un actor central en el financiamiento doctoral en el territorio bonaerense, manteniendo su perfil histórico de vinculación con las demandas del Poder Ejecutivo provincial (Fiorucci, 2025).

Las becas cofinanciadas y los procesos de territorialización

En 2014 la CICPBA creó un nuevo instrumento de financiamiento para el nivel de doctorado: las becas cofinanciadas en Temas Prioritarios. Estas becas doctorales consisten en un modelo de financiamiento asociativo donde la CICPBA y una contraparte, generalmente una Universidad Nacional con sede en la provincia, dividen en partes iguales (50 % cada una) el costo del estipendio mensual del becario. Este esquema no solo busca optimizar los recursos económicos de ambos organismos, sino que también funciona como una herramienta de política científica para orientar la investigación hacia temas prioritarios definidos por la Universidad Nacional. Bajo esta modalidad, el becario mantiene una doble dependencia institucional, comprometiéndose a realizar su doctorado en centros de investigación que pertenezcan a las instituciones firmantes, lo que refuerza el vínculo territorial entre la producción de conocimiento académico y las necesidades de desarrollo regional.

Tal como afirma una autoridad de la provincia de Buenos Aires: “en cierto modo, la CIC es más un cofinanciador de las políticas que la universidad prioriza” (entrevista autoridad provincial, marzo 2017). Esta afirmación resulta particularmente significativa, ya que evidencia que la CICPBA deja de ocupar una posición central en la determinación temática y asume un rol de acompañamiento financiero respecto de las agendas universitarias en temas prioritarios. En términos de gobernanza, implica una redistribución del poder decisorio hacia las universidades nacionales, al consolidar un esquema donde la provincia financia, pero la orientación estratégica se territorializa en cada institución. Tal como se indica en la Tabla 1, este instrumento fue una estrategia relevante para el fortalecimiento de la política de formación de doctores del organismo, que permitió aumentar en los primeros años de su creación entre 2013-2016, la cantidad de becas otorgadas.

Corresponde señalar que, del total de 56 universidades nacionales establecidas en la región, en los primeros años solo cinco acordaron realizar una convocatoria de becas cofinanciadas con la CICPBA para la formación de doctores (La Plata, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Arturo Jauretche, Avellaneda y del Sur).

Nuevas orientaciones en los instrumentos de formación doctoral a partir de los cambios en la evaluación

A partir de 2019, la CICPBA ha experimentado transformaciones institucionales significativas, tras pasar a depender de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia, Tecnología e Innovación (Suarez y Goren, 2023). Este reordenamiento no fue meramente administrativo, sino que buscó redefinir los objetivos de la ciencia provincial, orientándola de un modo más directo hacia un modelo de desarrollo productivo. En este contexto, los mecanismos de evaluación en la CICPBA también han sido objeto de revisión y ajuste.

Uno de los principales problemas que enfrenta la CICPBA es la concentración histórica del financiamiento en unas pocas instituciones, especialmente en áreas como ingeniería, física y ciencias naturales (Fiorucci, 2022). Como resultado de esta concentración, las instituciones ubicadas fuera de los principales centros académicos y las disciplinas con menor tradición de investigación científica quedaron al margen de los procesos de asignación de recursos.

En respuesta a esta situación, la CICPBA implementó criterios de evaluación que priorizan la territorialización del financiamiento y promueven la inclusión de nuevas universidades y centros de investigación en el sistema provincial (Suarez y Goren, 2023). Asociado a esto, desde el año 2019 se potenció la política de becas cofinanciadas generando nuevos convenios con universidades radicadas en la Provincia de Buenos Aires, lo que permitió una mayor expansión territorial de la CICPBA en la producción de conocimiento científico. De esta manera, se incorporaron al desarrollo de este instrumento la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad de San Antonio de Areco, la Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad Nacional de Quilmes.

La implementación de las becas cofinanciadas es uno de los instrumentos de la CICPBA que ilustra cómo la capilaridad de las políticas del organismo se ve favorecida por las redes de gestión preexistentes a las gestiones de turno (Fiorucci, 2022). La evidencia recolectada sugiere que, al igual que ha sucedido históricamente con la UNLP, la adopción del instrumento de becas cofinanciadas por universidades como la UNQUI no respondió únicamente a una lógica procedimental, sino a una dinámica de articulación interinstitucional facilitada por la trayectoria compartida de los cuadros de gestión de ambas instituciones. Esta afinidad de los gestores permitió una rápida articulación que se tradujo en un compromiso presupuestario bajo un esquema de coinversión que prioriza la territorialidad por sobre los criterios de asignación técnica generales.

En paralelo, se identifica que la política de cofinanciamiento fue acompañada por una estrategia de reequilibrio de la representatividad institucional dentro del organismo. Durante el período analizado, la gestión de la CICPBA impulsó una deliberada diversificación de sus cuadros técnicos y de gestión, orientada a atenuar la histórica preeminencia de la UNLP en la estructura orgánica. Si bien inicialmente esta apertura hacia las universidades del conurbano estuvo condicionada por la presencialidad y la cercanía geográfica, la posterior virtualización de los procesos que aceleró la pandemia permitió profundizar la federalización interna del sistema. Esto facilitó la incorporación de trayectorias provenientes de instituciones más distantes, como la Universidad Nacional del Sur (UNS) o la Universidad Nacional del Centro (UNICEN). En este sentido, la territorialización puede interpretarse como un proceso de redistribución de capacidades de decisión, otorgando mayor visibilidad a las universidades del conurbano y del interior provincial en la conducción de la política científica bonaerense.

A su vez, se observa un cambio notable en el sistema de evaluación de la CICPBA que ha sido la inclusión de la perspectiva de género en las grillas de evaluación. Una funcionaria provincial de Buenos Aires plantea: “se incluyó un puntaje específico para las cuestiones de género en tres dimensiones: en antecedentes, la formación en perspectiva de género; en factibilidad, la equidad de género en la dupla dirección/codirección o en los equipos de investigación; y en impacto, la inclusión de especificidades sexo-genéricas” (entrevista autoridad provincial, marzo 2017). De esta manera, las comisiones incorporaron a la evaluación tres ejes para la definición del orden de mérito: 1) territorialización, 2) género y 3) temas de prioritarios.

Las BBI, entre las asimetrías institucionales y los límites de la planta docente

En el año 2023, bajo una nueva presidencia al frente del organismo, se definieron políticas orientadas a recuperar y profundizar la identidad fundacional de la CICPBA. Si bien este organismo provincial nació en los años cincuenta con una fuerte impronta de vinculación técnica y consulta gubernamental, distanciándose del modelo de “ciencia pura” del CONICET, la actual gestión se propuso revitalizar el perfil histórico de la institución como un organismo de investigación aplicada y transferencia directa, tal como lo expresa una autoridad provincial:

La CIC no es un CONICET chiquito, tiene un perfil muy distinto, bien de ciencia aplicada. La CIC podría ser bien llevado a ser una institución con un perfil netamente de ciencia de última milla, como tienen los alemanes la Fraunhofer (…) El nuevo perfil va acompañado de la emergencia que nos obliga a atender con más cantidad de becas, subsidios a institutos, ingresos a carrera. Nosotros teníamos normalmente unos 200 pedidos de cargos para entrar a carrera y este año tuvimos 460 (entrevista autoridad provincial, diciembre 2025).

Esta definición identitaria no es menor, ya que implica una diferenciación estratégica respecto del modelo nacional de ciencia básica representado principalmente por el CONICET.

Gráfico 1

Cantidad de becas doctorales cofinanciadas por universidad (2024)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, 2024.

El Gráfico 1 muestra una distribución desigual de becarios doctorales cofinanciados por universidad en el año 2024. Se observa una concentración en la Universidad Nacional de Moreno, que reúne la mayor cantidad de casos, seguida por la Universidad Nacional de Quilmes. En un segundo nivel se ubica la Universidad Nacional de Luján, mientras que las restantes instituciones -Noroeste (Junín y Pergamino) y San Antonio de Areco- presentan una participación significativamente menor. Esta configuración evidencia una asimetría en la apropiación del instrumento de cofinanciamiento, lo que muestra capacidades institucionales diferenciadas como estrategias específicas de articulación entre las universidades nacionales con la CICPBA. Como plantean Roca, Lettieri y Monasterios (2024), esta mayor tracción de algunas instituciones de reciente creación responde a modelos institucionales que logran transformar sus debilidades estructurales en potencialidades, mediante una formación planificada de recursos en consonancia con las demandas institucionales. La concentración observada en ciertas universidades no es aleatoria, sino el resultado de una gestión de la ciencia que privilegia la pertinencia estratégica y la apropiación social por sobre los esquemas de evaluación tradicionales.

De esta forma, la nueva gestión de la CICPBA continuó con el instrumento de becas cofinanciadas. Sin embargo, creó un nuevo instrumento denominado Becas Bonaerenses de Innovación – BBI, institucionalizadas mediante el Decreto 777/23 (Provincia de Buenos Aires, 2023). Esta modalidad buscó profundizar la vinculación entre la producción de conocimiento y las demandas estratégicas del territorio provincial. Estas becas exigen que los proyectos de investigación demuestren una aplicabilidad directa en sectores prioritarios para el entramado socio-productivo bonaerense: “la asignación de las becas se realizará en función de los ejes prioritarios establecidos por la Comisión de Investigaciones Científicas y el Consejo Provincial de Coordinación del Sistema Universitario y las sublíneas presentadas por la Universidad” (Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, 2024). En línea con este propósito de lograr una transferencia del conocimiento, plantea un director de la CICPBA “los temas priorizados con la CIC están acordados con cada ministerio, por ejemplo, le decimos tus cinco prioridades a SALUD, y son las que ponemos en becas” (entrevista autoridad provincial, diciembre 2025). La articulación directa con los ministerios introduce un mecanismo de planificación intergubernamental que redefine la autonomía temática tradicional del sistema científico. Las agendas de investigación dejan de definirse exclusivamente dentro del campo académico y pasan a estructurarse en diálogo con demandas estatales específicas. Esto marca un desplazamiento de la definición temática: tal como sucede en las becas cofinanciadas, la universidad sigue siendo el territorio de ejecución, pero en las BBI la potestad de priorizar los problemas a investigar se desplaza desde la universidad hacia la planificación provincial.

La creación de este nuevo instrumento no solo buscó dar respuesta a la coyuntura de emergencia, sino también establecer una base de estabilidad para los becarios mediante la formalización de su vínculo con las universidades nacionales. A diferencia de las becas cofinanciadas tradicionales, que exigen a las instituciones un desembolso equivalente a la mitad del estipendio, las BBI proponen un modelo de corresponsabilidad institucional. En este esquema, la CICPBA asume la totalidad del costo de la beca, mientras que la universidad garantiza la inserción del becario en su planta docente mediante un cargo de dedicación simple. Este cargo no debe ser nuevo, ya que puede considerarse un cargo preexistente a la beca doctoral. Esta configuración resulta estratégica para las universidades, ya que permite optimizar recursos preexistentes al regularizar a investigadores que ya desempeñan funciones docentes. Asimismo, representa una mejora sustancial en las condiciones de los becarios donde se garantiza el acceso a aportes previsionales y cobertura de seguridad social, transformando la beca en un esquema de empleo científico integral.

Sin embargo, al analizar los resultados de este instrumento en un marco de ajuste estructural nos encontramos con serias dificultados de las universidades para poder implementar la política. Un funcionario de la Provincia de Buenos Aires plantea: “la UNLP lograron adjudicarse veinticinco de cincuenta de las BBI, pero de esas veinticinco hay seis que no le dieron el cargo docente y ya incumplieron el convenio” (entrevista autoridad provincial, diciembre 2025). En el mismo sentido, una autoridad nacional afirma:

Las BBI nos sirven porque se suman como estrategia a las cofinanciadas. Pero nosotros podemos orientar menos personas a las BBI porque nos exigen un cargo para los becarios. En cambio, tenemos becarios cofinanciadas que no son docentes. En 2022 a todos los becarios que eran cofinanciados les dimos un cargo interino para poder fortalecer a los doctorados. Imaginate que eso hoy en 2025 es imposible hacerlo con el contexto nacional. Por eso a las becas cofinanciadas se pueden presentar graduados. Y a las BBI solo se pueden presentar personas que ya sean docentes y que quiera hacer un doctorado y quedarse con un cargo docente (entrevista autoridad nacional, diciembre 2025).

Los testimonios evidencian cómo los requisitos formales del instrumento producen efectos diferenciales según la estructura institucional de cada universidad. En instituciones más jóvenes o con menor planta docente estable, la exigencia de un cargo opera como filtro restrictivo, generando un “embudo” que limita la postulación. No obstante, incluso las universidades tradicionales manifiestan impedimentos para satisfacer este requisito, lo que demuestra que el escenario de ajuste presupuestario nacional condiciona la viabilidad de la política de manera transversal en todo el sistema.

A su vez, al analizar la concentración histórica de los becarios en la UNLP, observamos que es una tendencia que sigue vigente, tal como se señala en la siguiente entrevista y en el Gráfico 2:

El año 2025 se lo otorgó a la UNLP 80 becas de doctorado, 100 becas de entrenamiento. Los cargos de técnicos en su gran mayoría van para UNLP. No porque haya una preferencia, sino por la demanda. Si vos mirás las becas doctorales, las becas de entrenamiento, de cargo de técnico y de investigador potencia la UNLP. La UNLP es la que más captura por peso específico. La CIC tiene un criterio de territorialidad, que todas estén representadas. Pero no discrimina si es UNLP y dice UNLP no puede porque tienen mucho (entrevista a autoridad provincial, diciembre 2025).

Este análisis resalta la “demanda” que remite a una lógica de neutralidad procedimental donde el organismo asigna recursos en función de la calidad y cantidad de postulaciones recibidas. Sin embargo, es importante considerar la capacidad de generar demanda es, en sí misma, un resultado de trayectorias institucionales históricamente desiguales.

Gráfico 2

Distribución de becas BBI por universidad (2025)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, 2025).

La funcionaria de una universidad nacional resalta:

No se logra romper la hegemonía de la UNLP. Hay algo que se terminan valorando ciertas prácticas o ciertos productos de las trayectorias que solo se logran en ciertos ámbitos. Las condiciones de producción de ciertos ámbitos, que son las universidades grandes posibilitan esas trayectorias y se terminan valorando esas trayectorias, no porque vengan de esas trayectorias sino porque esa persona obtuvo logro o formó parte de determinados lugares, que en otras universidades no están consolidados ciertas prácticas o ciertos recorridos (entrevista autoridad nacional, diciembre 2025).

Esto permitiría pensar que hay ventajas acumulativas, donde las grillas de evaluación "situada" logran compensar parcialmente la desigualdad estructural entre universidades de diferentes consolidaciones académicas.

Reapropiaciones de la evaluación en las universidades nacionales recientes

Las tensiones señaladas en el apartado anterior sobre la territorialización del financiamiento y la persistencia de jerarquías estructurales dentro del sistema universitario bonaerense adquieren una expresión concreta en el modo en que las universidades incorporan los instrumentos de evaluación provincial. Las universidades nacionales no actúan como meros receptores de los dispositivos diseñados por la Comisión de Investigaciones Científicas (CICPBA), sino que intervienen activamente en su implementación para adecuar las evaluaciones a su estructura académica y a sus propias características locales.

Como señala una autoridad nacional, muchas de estas instituciones enfrentan restricciones derivadas de trayectorias aún no consolidadas en los sistemas nacionales de categorización: “Hay cuestiones estructurales que son muy complicadas. Un problema que nos complica mucho es que el PRINUAR no esté resuelto, las categorizaciones. Tenemos muy pocos categorizados en las universidades del conurbano” (entrevista autoridad nacional, diciembre 2025). Esta afirmación permite comprender que, en las dificultades de las universidades del conurbano para consolidar sus plantas docentes, se hace evidente lo que Sutz, Bortagaray, Gras, Mederos y Tomassini (2025) denominan “efecto Mateo” en la ciencia: una dinámica donde las ventajas iniciales, como la antigüedad institucional o el capital simbólico acumulado, tienden a multiplicarse, ensanchando la brecha entre instituciones consolidadas y emergentes. La evaluación se convierte así en una herramienta central de la política universitaria y científica, donde los modelos tradicionales resultan insuficientes para valorar adecuadamente la investigación orientada a la movilización del conocimiento, dado que suelen privilegiar métricas académicas clásicas por sobre los procesos colaborativos y el impacto social (Rovelli y Vommaro, 2025).

En este marco, la gestión de las áreas de ciencia y técnica de las propias universidades nacionales constituye el núcleo estratégico de la intervención, ya que la normativa provincial ofrece márgenes de flexibilidad que las instituciones de menor antigüedad capitalizan para compensar la escasez de investigadores con categorías superiores. Esto se traduce en normativas internas que permiten, por ejemplo, que “un docente adjunto de semi-exclusivo para adelante dirija a nivel de grado, y siendo exclusivo en el nivel de posgrado; eso a nosotros nos compensa un montón” (entrevista autoridad nacional, diciembre 2025). Más que una excepción administrativa, esta decisión revela una lógica de corresponsabilidad institucional, donde la evaluación no opera como instancia distante de verificación de antecedentes, sino como proceso articulado entre gestión y docentes en proceso de consolidación.

La expresión más tangible de esta estrategia se observa en la adaptación de las grillas de evaluación de las becas cofinanciadas. En contraste con los modelos generales del organismo provincial (BBI y BDOC), centrados a menudo en la trayectoria previa del director, las convocatorias de becas cofinanciadas suelen introducir una modificación significativa en el rubro de Dirección al reconocer la “experiencia en formación de recursos humanos” mediante ítems que ponderan las tesis doctorales en curso. Al asignar puntaje por procesos de formación en desarrollo, la universidad privilegia la tarea efectiva en tiempo real por sobre el mérito retrospectivo. Este desplazamiento técnico constituye un intento de contrarrestar las ventajas acumulativas que benefician a las instituciones con mayor tradición y redes consolidadas.

De modo similar, la redefinición de la calidad académica incorpora explícitamente dimensiones de equidad de género. La jerarquización de trayectorias de formación en perspectiva de género, que en estas grillas adaptadas suele adquirir mayor ponderación que en los instrumentos generales, implica una toma de posición normativa. Si bien estas modificaciones no eliminan las asimetrías históricas entre universidades tradicionales y recientes, introducen mecanismos de corrección que amplían las oportunidades de consolidación académica en territorios tradicionalmente periféricos al sistema científico-tecnológico.

Conclusiones

El recorrido histórico e institucional realizado en este artículo permite afirmar que las políticas de formación doctoral de la CICPBA no pueden comprenderse únicamente como instrumentos técnicos de financiamiento, sino como dispositivos situados en una trama de relaciones desiguales entre universidades, disciplinas y niveles de gobierno. Desde su creación, el organismo provincial mantuvo una identidad marcada por la vinculación territorial y la orientación aplicada, en tensión permanente con el modelo nacional de ciencia básica. En el período reciente, esta identidad se reactualiza a través de reformas evaluativas que buscan reposicionar a la Comisión como actor estratégico del desarrollo provincial en un contexto nacional de contracción presupuestaria.

El análisis de las becas cofinanciadas y de las Becas Bonaerenses de Innovación (BBI) muestra que la evaluación se ha convertido en el principal terreno de intervención política. La incorporación de criterios de territorialidad, género y áreas prioritarias redefine el orden de mérito tradicional. Sin embargo, estas innovaciones conviven con dinámicas de concentración histórica que favorecen a instituciones con mayor trayectoria, evidenciando que la “demanda” y la “calidad” no son variables neutrales, sino productos de procesos acumulativos de largo plazo.

En este marco, las experiencias de universidades recientes revelan la dimensión de adaptación de la evaluación. La adecuación de grillas, el reconocimiento de tesis en curso o la mayor ponderación de la formación en perspectiva de género muestran que los instrumentos pueden ser reinterpretados para fortalecer capacidades en contextos periféricos. Estas modificaciones no eliminan las asimetrías estructurales del sistema científico bonaerense, pero sí introducen mecanismos de discriminación positiva que amplían las posibilidades de consolidación académica en instituciones con menor capital científico acumulado.

En definitiva, las reconfiguraciones analizadas permiten sostener que la evaluación en la CICPBA funciona como un laboratorio normativo donde se disputa y coproduce el sentido de la política científica bonaerense en un interjuego constante con las agendas universitarias. Lejos de ser un procedimiento neutro, el diseño evaluativo se constituye en un espacio de articulación, donde las universidades no solo actúan como receptoras de fondos, sino como actores que tensionan y reasignan sentidos a los instrumentos de política. Este proceso revela una dinámica de tracción institucional (Roca, Lettieri y Monasterios, 2024), en la que las instituciones logran que sus particularidades territoriales permeen las grillas de evaluación, logrando que el organismo científico provincial reconozca la producción de modo situado por sobre la métrica tradicional. Así, en un escenario nacional de ajuste, la estrategia subnacional ensaya modelos que articulan territorialización y planificación, demostrando que la evaluación es uno de los terrenos donde se dirime la autonomía de las políticas de investigación frente a la reproducción de jerarquías históricas.

Fuentes documentales

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Provincia de Buenos Aires (2023). Decreto Nº 777/23. Reglamento de Becas Doctorales y posdoctorales Científico - Tecnológicas de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.

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Notas

Recepción: 23 febrero 2026

Aprobación: 27 febrero 2026

Publicación: 01 junio 2026

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