Introducción

El presente artículo procura establecer una comparación entre el modelo universitario introducido por la reforma que se constituyó en hegemónico entre 1918 y 1943 y el modelo universitario desarrollado por el peronismo. En este sentido, desplegaremos un breve recorrido por la historia de la universidad argentina que abarca desde los antecedentes de la reforma y cómo se fue configurando la misma, hasta la creación de la Universidad Obrera Nacional mediante la Ley 13229/48 y su efectiva puesta en funcionamiento a través de la reglamentación de su organización y funcionamiento en 1952.

En una primera sección expondremos los antecedentes de la reforma de 1918, cuya referencia más próxima podemos encontrarla en la reforma de los estatutos de la Universidad de Buenos Aires en 1906. Asimismo, destacaremos cuáles fueron los principios fundamentales sobre los que se asentó el modelo universitario reformista.

En una segunda sección desarrollaremos la crisis de dichos principios, después de un cuarto de siglo de hegemonía en la política universitaria argentina. En este sentido, podemos ubicar como hitos de la misma el ataque sufrido durante la denominada “Revolución de junio”, a través la intervención de las universidades en manos de cuadros del integrismo católico, y como punto más álgido la sanción de la Ley 13.031/47 durante el primer gobierno peronista.

En una tercera sección presentaremos la propuesta universitaria del peronismo: la Universidad Obrera Nacional. Realizaremos una descripción detallada sobre su funcionamiento y sobre sus originales características.

Por último, y a modo de conclusión, buscaremos establecer cuáles fueron las características generales del modelo universitario configurado durante el peronismo y cuáles fueron las líneas de continuidad y los puntos de ruptura respecto del modelo reformista.

La reforma universitaria y sus antecedentes

La reforma universitaria de 1918 constituye un hito para la historia de la universidad en Argentina¹ . Fue el punto más álgido de un proceso que venía desarrollándose en el país a partir de principios del siglo XX² y cuyo antecedente más próximo podemos encontrarlo en la reforma de los estatutos de la Universidad de Buenos Aires en 1906. Esta reforma constituyó el desenlace de una serie de conflictos entre un sector de las autoridades universitarias y los estudiantes. Los conflictos evidenciaban el desajuste cada vez mayor entre las características y composición del alumnado, la institución universitaria y las estructuras de gobierno académico monopolizadas por una pequeña elite que ejercía dichos cargos en forma vitalicia. Asimismo, acceder a la universidad y obtener un título profesional se convirtió en una meta largamente anhelada por muchos de los hijos de quienes llegaron a la Argentina en las últimas décadas del Siglo XIX y de las primeras del XX. La población estudiantil universitaria comenzó a crecer en forma acelerada y se fue modificando lentamente su composición por el incremento de la participación de sectores provenientes de la clase media de origen migratorio que por entonces se estaba constituyendo. La institución universitaria era considerada como la vía por excelencia para el ascenso social. Los cambios introducidos en 1906 en la UBA afectaron a los organismos de gobierno y prácticamente terminaron con el poder de las academias con miembros vitalicios. El gobierno de las facultades estaría constituido ahora a partir de dos cuerpos colegiados: por un lado, las academias, que seguirían conformadas por miembros vitalicios pero cuyas funciones se limitaban a consultas y asesoramiento; y por otro, los consejos directivos. Los miembros de estos últimos, desde entonces verdaderos órganos de gobierno de las facultades, serían designados por el mismo Consejo, pero a propuesta de un cuerpo de profesores reunidos en asamblea. Estos últimos, en alguna medida, asumían en forma indirecta la conducción formal de la institución universitaria (Buchbinder, 2005).

Es este contexto en el que se desarrolla la reforma de 1918. Cuando los estudiantes cordobeses proponían cambios en la organización de la Universidad Nacional de Córdoba, tomaban como ejemplo a la Universidad de Buenos Aires. Reclamaban en forma paralela la renovación del profesorado, de los planes de estudios, de la organización disciplinaria y de la forma de gobierno de la institución. Pedían que se modificase el sistema de las academias, que éstas dejasen de ser vitalicias y que en la elección de sus integrantes participasen los profesores. Asimismo, los estudiantes llevaron a cabo una denuncia que combinaba acusaciones relativas al atraso científico de la universidad con otras vinculadas con el carácter extremadamente arcaico y elitista del sistema de gobierno de la institución. Según Buchbinder (2005) los orígenes de la reforma encuentran su explicación en la vigencia de estas estructuras demasiado arcaicas y cerradas para la Argentina de 1918. El problema no radicaba tanto en el espíritu clerical y conservador de la universidad sino en el carácter familiar y cerrado de los círculos que la gobernaban. Asimismo el autor sostiene que

En gran medida, el movimiento estudiantil de Córdoba traducía una reacción contra una elite muy renuente a incorporarse al proceso de renovación de elencos directivos, que se verificó en otros lugares de la Argentina en forma mucho más armónica. El rol que la casa de estudios cordobesa tenía en los procesos de promoción y control de las elites dirigentes de la cuidad era central. La universidad era el ámbito por excelencia en Córdoba de socialización y selección de las elites. La clase dirigente cordobesa se caracterizaba justamente por su condición doctoral, que constituía un factor clave de su cohesión, justificaba además su superioridad sobre el conjunto de la sociedad y era requisito para acceder a los principales cargos de la burocracia local. La educación formal universitaria cumplía así un rol central en el proceso de constitución de la elite y era el mecanismo consagrado por excelencia para el ascenso social. (Buchbinder, 2005, p. 99)

En línea con el pensamiento de Tedesco (1978), puede sostenerse que los sectores sociales en ascenso pujaban por acceder a los niveles más altos del sistema educativo. En este sentido, puede afirmarse que la reforma fue la expresión de la lucha de una naciente clase media que comenzaba a consolidarse en la Argentina y que buscaba romper con el monopolio educativo que ejercía una pequeña elite dirigente que conformaba la clase política del país. La universidad constituía un mecanismo clave tanto para el acceso al poder político como el ascenso social.

Los principios de la reforma fueron aquellos que rigieron la administración de las universidades argentinas entre 1918 y 1943, con una breve interrupción entre finales de 1930 y principios de 1932, cuando el Poder Ejecutivo fue ejercido por el general Félix Uriburu. Ente otros cabe resaltar: el principio del gobierno tripartito igualitario con presencia estudiantil (cogobierno), la asistencia libre a clase, el régimen de concursos para para el acceso a la cátedra, la inserción en la sociedad y el rol de la Universidad en la misma (extensión) y la vinculación entre docencia e investigación.

La reforma durante la Revolución de junio y el peronismo.

El golpe de Estado del 4 de junio de 1943 que terminó con el gobierno conservador de Ramón Castillo contó con el apoyo del radicalismo, principal partido de oposición e incluso de algunos de los más importantes dirigentes universitarios. Ricardo Caillet Bois, uno de los más estrechos colaboradores de Emilio Ravignani, en ese entonces decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y destacado dirigente de orientación alvearista, sostuvo que Ravignani estaba en conocimiento del movimiento militar y que tal vez formaba parte del movimiento revolucionario. A las pocas horas de producido resultó evidente que el movimiento de junio estaba impulsado por sectores que sostenían principios políticos e ideológicos de diferente naturaleza. Éstos dirimieron rápidamente sus diferencias internas y surgió vencedora una fracción hegemonizada por grupos de raigambre profundamente conservadora, nacionalista y católica (Buchbinder, 2005).

Las autoridades del nuevo gobierno se proponían llevar a cabo una transformación profunda de la sociedad y, particularmente, del sistema de instrucción pública. El sistema educativo debía ser refundado sobre una matriz confesional, autoritaria y tradicionalista. Este proyecto culminó con la introducción de la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas a finales de 1943. Las universidades no podían quedar al margen de la transformación que iba a experimentar el conjunto de la instrucción pública. Sin embargo, ésta solo podía llevarse a cabo en la mayoría de las casas de estudios imponiéndose por la fuerza. La primera institución en ser intervenida fue la del Litoral, y el interventor designado fue Jordán Bruno Genta, conocido por sus posiciones de tono fervientemente nacionalista. La creciente presión de la comunidad universitaria obligó finalmente al gobierno a separar a Genta de su cargo de interventor en 1943 (Caimari, 2010 y Bianchi, 2001).

Por entonces, el gobierno ya estaba impulsando cambios en el resto de las casas de estudios que finalizaron con la sustitución de los rectores por interventores. El avance del nacionalismo de derecha sobre la Universidad cobró nuevo impulso entonces con la designación de Gustavo Martínez Zuviría, un famoso escritor conocido por sus ideas antisemitas y por su afinidad con el integrismo religioso de raíz católica, como ministro de Justicia e Instrucción Pública en octubre de 1943. La gran mayoría de los nuevos interventores no difería de los principios e ideas del designado tiempo atrás en la Universidad del Litoral. Provenían de grupos antiliberales y también propugnaban la confesionalización de la enseñanza universitaria (Zanatta, 2013). Asimismo cabe resaltar que en la mayoría de las casas de estudios se decretó la suspensión de las actividades de los centros estudiantiles, la separación de algunos miembros del cuerpo docente y la expulsión de los estudiantes señalados por su militancia opositora. En este contexto y en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en octubre de 1943, varias figuras prestigiosas del ámbito académico firmaron un manifiesto opositor en el que exigían el retorno al sistema democrático y el cumplimiento de los “compromisos internacionales”. La respuesta del gobierno fue la cesantía de la mayoría de los firmantes. Por su parte, los estudiantes se movilizaron en forma activa. La oposición estudiantil se expresó a través de huelgas y demostraciones masivas en las calles. Pero también se manifestó en las aulas mediante presiones y protestas contra profesores considerados afines al régimen gobernante. El objetivo principal de estos movimientos consistía en devolver la autonomía a la universidad y desterrar de su administración a aquellos sectores que habían asumido el control de las instituciones con el movimiento militar de 1943. Según Portantiero (1968), el nivel de movilización alcanzado entre los años 1943 y 1945 es comparable al grado de intensidad que se produjo en los años de la reforma (1918-1923). En efecto, el régimen, sometido a distintos tipos de presiones, debió propiciar, desde febrero de 1945, no un proceso de normalización basado en los estatutos que habían sido suspendidos en 1943 (Buchbinder, 2005).

En mayo de 1946, luego de las elecciones y un mes antes de que Perón asumiese la presidencia, las universidades fueron nuevamente intervenidas. Los fundamentos del decreto de intervención hacían referencia a la necesidad de asegurar una absoluta neutralidad política en el ámbito universitario y de reestructurar al conjunto de las instituciones de enseñanza superior modificando las leyes y los estatutos vigentes. Una vez que hubo asumido Perón, se sostuvo también desde el gobierno la necesidad de limitar el proceso de politización de la universidad, al que vinculaba estrechamente con los estatutos entonces vigentes. Según Portantiero (1968), Perón sabía que en las universidades estaba buena parte de sus enemigos, y justamente los más dinámicos. Regalarles la autonomía probablemente habría sido un suicidio. Los estudiantes rechazaron la intervención, y entre fines de 1946 y principios de 1947 la resistencia se hizo sentir en forma prácticamente inmediata a través de distintos tipos de huelgas y movilizaciones, pero fue rápidamente desarticulada. Desde entonces se movió en un plano de semiclandestinidad. Las nuevas intervenciones iban a forzar a corto plazo otro proceso de cambio en la composición del profesorado. Centenares de docentes fueron obligados a renunciar o directamente se los cesanteó. Era la primera vez que se producía, desde los tiempos de la Reforma un recambio del personal científico y docente de las universidades de tal envergadura. Pero ahora las motivaciones políticas ocupaban un lugar central. Finalmente, durante estos años se quebró también un proceso de renovación del personal docente y una carrera académica que había funcionado con un grado de previsibilidad desde la reforma del 18 (Buchbinder, 2005).

Durante el peronismo la Universidad fue impugnada por su carácter “elitista” y su ajenidad al “pueblo” y a la clase obrera. La antigua idea de reducir la clase dirigente a una minoría formada en la Universidad era también fuertemente criticada. Era preciso entonces hacer que las instituciones académicas dejasen de constituir un instrumento y reducto de la oligarquía y para eso era necesario democratizar el acceso a ellas. Para cumplir con sus objetivos, el peronismo introdujo cambios en las formas de gobierno y administración de las casas de estudios. En 1947 fue sancionada una nueva ley universitaria que dejaba de lado los principios reformistas que habían regido el funcionamiento de las casas de estudios desde 1918. La ley 13.031 no contemplaba el principio de autonomía universitaria y, prácticamente, suprimía la participación estudiantil en el gobierno de las casas de estudios superiores. De acuerdo a lo establecido por las nuevas disposiciones, los rectores eran designados directamente por el Poder Ejecutivo y los decanos por el Consejo Directivo, pero a partir de una terna elevada por el rector. Los consejos directivos, a su vez, estarían compuestos por siete representantes de los profesores titulares y cuatro de los adjuntos. La representación estudiantil quedaba limitada a un solo miembro con voz y sin voto elegido por sorteo entre los diez alumnos del último año con mejores calificaciones. A partir de estas disposiciones se creó también el Consejo Universitario Nacional, que integraban el ministro de Instrucción y Justicia y los rectores de las universidades. Este consejo regulaba el desenvolvimiento de las universidades desde la perspectiva científica y educativa. De este modo las casas de estudios quedaban directamente sometidas al poder político y se les arrebataba tanto la autonomía en aspectos puramente institucionales como en la esfera de lo científico y pedagógico. Las nuevas autoridades partían de un diagnóstico negativo del sistema universitario de la reforma que atribuían, en sus orígenes, a su excesiva politización. Según este diagnóstico, la actividad política había subvertido las funciones y la naturaleza de la institución universitaria. Pero el intento de desterrar la política de los claustros conllevaba principalmente la intención de neutralizar a los actores universitarios identificados por entonces en forma abierta con la oposición. Las leyes universitarias sancionadas durante aquellos años prohibieron las actividades políticas de los miembros de los diferentes claustros. Determinaron la incompatibilidad con la actuación política de las autoridades de las universidades y establecieron que los organismos de gobierno, particularmente los consejos directivos, no podían abordar cuestiones ajenas a los planes de estudios o a los métodos de enseñanza (Pronko, 1997 y 2000). La universidad pasó así en la práctica a depender del Estado y el mecanismo de elección de autoridades con participación estudiantil se transformó en una simple decisión burocrática del Ministerio de Educación Pública (Portantiero, 1968).

La configuración de una nueva universidad bajo el peronismo: la Universidad Obrera Nacional (UON)

La política universitaria durante el primer peronismo no se limitó solamente a lo anteriormente expuesto. En este sentido, cabe resaltar que uno de los aspectos más innovadores de este periodo fue la creación de la Universidad Obrera Nacional³ , a través de la Ley 13.229 del 31 de agosto de 1948. El artículo 18 de la misma fijaba un plazo de noventa días a partir de su promulgación para que el Poder Ejecutivo organizara el funcionamiento de la Universidad Obrera (Ley 13.229/48). No obstante, esto recién se concretaría cuatro años más tarde, cuando el 7 de octubre de 1952 fue reglamentada dicha ley. Esa fecha se fijó como la de la fundación por resolución de Rectorado del 23 de enero de 1953 (Reglamento de Organización y Funcionamiento de la UON, 1952).

Esta institución había sido concebida como la culminación de un ciclo organizado en tres etapas, la primera puesta en marcha en 1944 y las dos últimas en 1948. Si consideramos que los cursos de perfeccionamiento técnico duraban cuatro años, podemos comprender porque hasta 1952 no fue necesario implementar el ciclo superior. Recién ese año egresarían los primeros técnicos de fábrica que conformarían la clientela estudiantil de la nueva universidad (Álvarez de Tomassone, 2000).

El 7 de octubre de 1952 el presidente aprobó por decreto 8014 el reglamento de organización y funcionamiento de la UON. En los considerandos se exponía que la institución coronaba una larga serie de conquistas destinadas a asegurar condiciones dignas a los trabajadores. En diecisiete artículos el reglamento organizó los diversos aspectos inherentes al funcionamiento de la universidad. Dependiente de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP), la Universidad Obrera estaba constituida por Facultades Regionales. Su gobierno era ejercido por un rector nombrado por el Poder Ejecutivo, por tres años con posibilidad de reelección. Se exigía a este funcionario ser argentino, obrero, egresado de la Escuela Sindical dependiente de la Confederación General del Trabajo (CGT); sus atribuciones fueron enumeradas a lo largo de diecinueve artículos y, aunque son amplias en su variedad, en general subordinan las cuestiones sustanciales a la decisión final de la CNAOP. Junto al rector actuaban un vicerrector, un secretario, un prosecretario y un contador habilitado a los que no se exigía condición de obrero pero sí título profesional habilitante, idoneidad y experiencia técnico-educativa en el caso de los dos primeros; sólo la ciudadanía argentina a los últimos. Entre las más importantes atribuciones del vicerrector, también nombrado por el Presidente de la Nación, figuraba la elaboración de anteproyectos sobre planes y programas de estudios y normas sobre exámenes. Secretario y prosecretario de la universidad, nombrados por el rector, asumían la responsabilidad de redactar toda la documentación interna, llevar el archivo de la misma, preparar el registro de personal y cuanta función les encomiende el rector. El contador cumplía funciones específicas, propias de su profesión, cuidadosamente consignadas en el documento. El Consejo Asesor de Coordinación Industrial era el nexo entre la universidad y la estructura productiva. Presidido por el rector estaba integrado por representantes de la industria y de los obreros, designados por la CNAOP en número de dos por cada especialidad correspondiente a los cursos que se dicten. Cumplía funciones de asesoramiento respecto de la enseñanza y de la creación de nuevas orientaciones. El gobierno de cada Facultad Regional era ejercido por un Decano designado por el Poder Ejecutivo, al que se exigían los mismos requisitos que al rector.

Con atribuciones también similares, pero en el ámbito limitado de cada facultad, el decano dependía estrechamente del rector y de la CNAOP. La enseñanza técnico- profesional quedaba a cargo del secretario de la facultad, designado por el Presidente de la Nación, con título profesional, experiencia e idoneidad habilitantes para ejercer con eficacia su labor. Intervenía además en la preparación de planes y programas de estudio y coordinaba el funcionamiento de las distintas cátedras. El capítulo XI refería a la enseñanza, basada en la exposición teórica de las asignaturas y la correlativa aplicación práctica de las mismas. La CNAOP aprobaba planes, programas e instrucciones generales; incluso el comienzo y duración de las clases aunque cada facultad reglamentaba el horario. El ciclo lectivo era repartido en tres trimestres y al cabo de cada uno los alumnos rendían un examen teórico-práctico. Las notas obtenidas, en escala de 0 a 5, se promediaban con la correspondiente al examen final que debía rendirse sin excepción para conformar la calificación definitiva en la materia. Los exámenes podían darse solamente después de haber aprobado el curso teórico-práctico, en marzo o diciembre. El título obtenido al aprobar la totalidad de las asignaturas era Ingeniero de Fábrica en la especialidad correspondiente. El personal docente del establecimiento podía tener categoría de titular, extraordinario, honorario o adjunto. La CNAOP designaba los adjuntos previo concurso ante el decano; contrataba a los extraordinarios y concedía título de profesor honorario. Los titulares eran designados por el Poder Ejecutivo, previo concurso de méritos, antecedentes y títulos ante el decano. Los deberes de los profesores estaban detallados en diez ítems cuyo espíritu coincidía con los propósitos manifiestos a escala nacional. La actuación docente, como la de todo el personal de la universidad, era anualmente conceptuada y constituían causa de cesantía la obtención reiterada de conceptos insuficiente o regular y el exceso de inasistencias injustificadas. Sobre los alumnos, la norma es clara respecto de la exclusiva condición de regular y de los requisitos para el ingreso, según lo establecido por la ley 13229 de creación de la universidad: se aplicaba a los estudiantes un régimen de asistencia obligatoria a clases y a los actos de la universidad. La inconducta se sancionaba con suspensiones o con la expulsión, de acuerdo con la falta cometida (Reglamento de Organización y Funcionamiento de la UON, 1952).

Reglamentado su funcionamiento la UON intentaba brindar respuestas adecuadas a los requerimientos sociales y económicos de la Nación. Se distinguía de la universidad tradicional por sus fines, su régimen de estudios y su íntima vinculación con el medio en que se desempeñarían sus egresados. De acuerdo con sus propósitos manifiestos la institución impartía estudios superiores técnicos a alumnos que trabajaran, por esto el horario de clases era vespertino y la modalidad teórico-práctica. Finalmente la representación de industriales y obreros pretendía asegurar el contacto con el medio.

El 17 de marzo de 1953 la Universidad Obrera Nacional abrió sus puertas. Su sede central y también la Facultad Regional Buenos Aires, se hallaban en el amplio edificio de la calle Medrano al 951, que compartían con la Dirección General de Enseñanza Técnica (Malatesta, 2008). La universidad pretendía ofrecer la imagen de una nueva realidad del justicialismo que el gobierno propugnaba. La tutelar indicación del Presidente orientó su marcha y fue evidente en la gestión de su primer y único rector durante el peronismo. Cecilio Conditi, dirigente sindical, egresado de la Escuela Sindical de la C.G.T., simbolizó en el rectorado el nuevo concepto de universidad abierta al pueblo que sustentaba el oficialismo. Su vehemente adhesión a Perón fue el rasgo que definió su actuación en los claustros universitarios; expresar esa adhesión permanentemente parece haber sido su función más importante (Álvarez de Tomassone, 2000).

El acto de inauguración del primer ciclo lectivo contó con la asistencia del Gral. Perón, profesor honorario del establecimiento, y adquirió los matices propios de un gran acontecimiento nacional. Al mismo tiempo que estos actos iniciaban los cursos en la Capital Federal, inauguraban el primer ciclo lectivo las Facultades Regionales de Santa Fe, Rosario y Córdoba; unos meses más tarde, el 16 de junio de 1953, lo hacía la de Mendoza. Posteriormente se crearon las de Bahía Blanca, La Plata y Tucumán el 28 de enero de 1954, y la de Avellaneda el 31 de marzo de 1955 (Novelli, 1986).

Quienes se desempeñaron como decanos de estas facultades reunían la condición de obreros exigida en el reglamento de la universidad, la mayoría había salido de las filas del gremialismo. En Buenos Aires ocupó el cargo César Mazzetti; en Santa Fe Hugo Deheza; en Córdoba Juan Félix Figueroa; en Rosario Ángel Álvarez; Virgilio Heredia en Tucumán e Ignacio Gómez en Mendoza. En La Plata estuvo al frente de la facultad el Secretario Técnico, Ingeniero Ernesto Domínguez (Novelli, 1986).

Las especialidades que las distintas facultades ofrecían eran: Construcciones de obras, Hormigón armado, Obras sanitarias, Construcciones mecánicas, Automotores, Transportes y Mecánica Ferroviaria, Instalaciones eléctricas, Construcciones electromecánicas, Construcciones aeronáuticas, Industrias textiles, Industrias químicas, Construcciones navales, Mecánica rural, Electrotécnica, Construcciones de obras y antisísmicas y Telecomunicaciones. El plan de estudios original abarcaba cinco años, con cinco o seis materias a cursar en cada uno de ellos. En los planes de todas las carreras existían ciertas asignaturas comunes: Sindicalismo Justicialista y Legislación Obrera I y II, Legislación del trabajo, Tecnología de fabricación y organización industrial, Administración y contabilidad industrial e Higiene y seguridad industrial. (Reglamento de Organización y Funcionamiento de la UON, 1952).

Las clases se dictaban en horario vespertino, desde las 19.15 a las 22.30, de lunes a viernes, lo que totalizaba un promedio de veinte horas semanales. Los trabajos de gabinete o laboratorio se efectuaban los sábados por la mañana (Nápoli, 2003). Respecto de la didáctica de las clases, el Rectorado enfatizó la recomendación de que su dictado fuera claro y sencillo; de tipo seminario y no conferenciales, y a cada explicación debía seguir la ejercitación correspondiente de modo tal que el alumno se viera obligado a estudiar clase por clase (Nápoli, 2003). Tales clases eran dictadas por docentes que con frecuencia se desempeñaban en otras universidades nacionales (Facio, 2014). Algunas cátedras, y según las prescripciones legales del caso, fueron provistas mediante concursos de titulares en las distintas regionales. En 1954 y 1955 se reglamentó la aplicación en la Universidad Obrera del régimen de incompatibilidades impuesto a los profesores universitarios. El decreto 20778/54 había exceptuado de dicho régimen a los docentes de la UON y el que llevó el número 5845/55, a los directivos del establecimiento. Estas medidas se adoptaron a fin de facilitar la estructuración y el funcionamiento de la novel universidad (Álvarez de Tomassone, 2000).

Bajo el régimen de la ley 13229/48, durante el gobierno peronista y el rectorado de Conditi, se operaron escasas modificaciones en el reglamento original, éstas se efectuaron en los artículos referidos a la enseñanza y los exámenes, por decreto 21812 de noviembre de 1953 y básicamente implementaron una especie de régimen de promoción que suprimía los exámenes finales. El ciclo quedaba dividido, como antes, en tres términos; cada uno se evaluaba con el promedio de dos notas: una tomada del promedio de calificaciones obtenidas en las exposiciones orales, experiencias o ejercitaciones, y otra resultante de un examen teórico. El aplazo en cualquier calificación promedio obligaba a rendir el examen final de la asignatura. En caso de reprobar dos o más materias en los finales de marzo, se imponía la repetición íntegra del curso; existía la posibilidad de llevar una materia previa, pero debía ser aprobada en el término del siguiente ciclo lectivo para que fuera reconocido el año superior cursado (Reglamento de Organización y Funcionamiento de la UON, 1952).

Muy similares al régimen en el que se encuadraba la enseñanza media, estas modificaciones fueron catalogadas como “...una conquista revolucionaria en la enseñanza universitaria...” (Álvarez de Tomassone, 2000, p. 36); sus ventajas residían en que mantenían día a día el interés del alumnado, premiaban el esfuerzo diario del buen alumno, para quien el examen final no era necesario, y sancionaban el estudio deficiente y discontinuo. Como es de suponer, estas medidas tuvieron amplia y favorable repercusión en el alumnado (Álvarez de Tomassone, 2000).

Los primeros alumnos de la UON eran en su mayoría técnicos industriales con varios años de ejercicio que deseaban continuar estudiando. El resto estaba conformado por los egresados de los cursos de perfeccionamiento técnico de la CNAOP y de las escuelas industriales de la Nación. En 1953 la universidad captó 676 alumnos; al año siguiente los inscriptos fueron 1034 y el total sumó 1488 alumnos; en 1955 estudiaban en esas aulas 1956 estudiantes, ese año se habían inscripto 991 alumnos. Se concentraban en su mayor parte en las regionales de Buenos Aires, Rosario y Córdoba y las especialidades más atractivas eran Mecánica, Construcciones y Electromecánica. El cien por cien del alumnado estaba constituido por trabajadores, técnicos en la especialidad que elegían, aunque no necesariamente obreros. (Álvarez de Tomassone, 2000).

Ciertamente, la institución había encontrado un espacio que se ampliaba cada vez más en la sociedad en que halló inserción. El ritmo que entonces imprimió a sus actividades quedó plasmado en distintas realizaciones; por ejemplo, la creación de múltiples dependencias anexas que complementaron la estructura del sistema creado. Entre 1953 y 1955 se organizaron la Federación Argentina de Estudiantes de la UON, su Oficina de Prensa y Difusión, el Instituto de Extensión Cultural y Técnica, el Departamento Técnico y Didáctico, la Secretaría Gremial de la UON A fines de 1954 se disponía la publicación del Anuario de la Universidad Obrera Nacional y facultades regionales y se retomaba el proyecto de creación de un edificio propio. El comienzo de tales obras destinadas a la sede central, había sido anunciado en 1953, pero dos años más tarde aún no se había concretado. Recién el 13 de junio de 1955 quedaron constituidas las comisiones Ejecutiva e Informativa encargadas del estudio del anteproyecto. La caída del régimen frustró la empresa definitivamente (Álvarez de Tomassone, 2000).

La nueva universidad creada por el peronismo, la Universidad Obrera Nacional, tenía al menos tres características muy definidas que la diferenciaban del resto de sus contemporáneas; la enseñanza regionalizada, la cual fue una innovación importante introducida que iba en contra de la centralización y homogeneización creciente del sistema educativo argentino (Dussel y Pineau, 1995), una nueva orientación didáctica orientada hacia la formación integral de profesionales de origen obrero –el ingeniero de fábrica- caracterizada por el horario de clases (vespertino); la calidad de las mismas (tipo seminario), el tipo de asistencia (obligatoria) y trabajar en la industria o especialidad que se estudie en la universidad y por último –íntimamente relacionado a lo anterior- una revalorización política de los saberes de la clase obrera, expresado en el “saber hacer” en contraposición al “saber decir” de los doctores e ingenieros pertenecientes al modelo de ingeniería generalista formados en la universidad tradicional (Dussel, 1990) y que conformaban la élite cultural argentina y en el hecho de que en la UON un obrero podía ejercer un cargo directivo dentro de la misma.

A modo de cierre: reforma, peronismo y universidad obrera

A lo largo del presente trabajo hemos descripto de manera breve los antecedentes de la reforma universitaria, sus principales premisas y la permanencia de sus principios en la política universitaria argentina. Asimismo, hemos destacado que el período de hegemonía de la reforma puede ubicarse entre los años 1918 y 1943, con una breve interrupción durante la presidencia de Uriburu. En este sentido cabe resaltar que la llegada de la Revolución de junio significó un duro golpe para la universidad reformista. La fracción nacionalista católica del movimiento de junio hegemonizó el poder político dentro del Estado y ubicó a sus distintos cuadros en lugares estratégicos del mismo, especialmente en el área de educación. Las reformas producidas por el gobierno incluyeron, en primer término, la inclusión de la educación religiosa en la curricula escolar, lo cual constituyó un duro revés a la tradición educativa laica en Argentina, como también la intervención de las universidades que fueron puestas al mando de distintos cuadros integristas católicos, lo que constituyó un fuerte golpe a la universidad reformista. En términos generales, el peronismo estableció líneas de continuidad en torno a la política educativa en general y a la política universitaria en particular. Mediante la ley 13.031 atacó fuertemente los principios reformistas: no contempló el principio de autonomía universitaria y, prácticamente, suprimió la participación estudiantil en el gobierno de las casas de estudios superiores. En efecto, las universidades quedaron directamente sometidas al poder político y se les arrebató tanto la autonomía en aspectos puramente institucionales como en la esfera de lo científico y pedagógico. Asimismo, un hecho significativo de este periodo fue que el peronismo sancionó la gratuidad de los estudios universitarios a través de la Ley 13.031/47, la cual profundizó acentuadamente la expansión de la matrícula universitaria a nivel nacional.

Por otra parte, cabe destacar que la política universitaria del peronismo no se limitó solamente a atacar los principios de la reforma. También tuvo un carácter propositivo al constituir un nuevo tipo de universidad, la UON, con las características particulares descriptas en el apartado anterior. De esta manera, creemos que el peronismo habría buscado configurar un modelo universitario propio, fundado sobre la base de las mismas. Asimismo, cabe destacar que este modelo se diferenciaba considerablemente de aquel iniciado por la reforma, ya que no se asentó sobre ninguna de las premisas fundamentales de la misma: en la UON durante el periodo de funcionamiento bajo el gobierno peronista, no rigió para ella la autonomía universitaria (ya que la UON dependía legalmente de la CNAOP), ni el gobierno tripartito igualitario con presencia estudiantil (cogobierno), como tampoco la asistencia libre a clase (la cual era obligatoria). A su vez, tampoco existía un régimen de concursos para para el acceso a las cátedras, ni se mencionaba en ningún documento oficial la relación entre la docencia y la investigación: la UON debía limitarse a la formación de profesionales de origen obrero bajo el título de Ingeniero de Fábrica. Si bien entre ambos modelos universitarios sobresalen las rupturas, podría pensarse que en los años sesenta, una nueva generación de universitarios peronistas reformularán en otra clave la tradición reformista configurando el modelo de universidad nacional y popular del 73. En torno a este último aspecto, cabe destacar que el vuelco político que experimentaron varios universitarios en los años sesenta y setenta ha variado desde una reconsideración del movimiento peronista hasta a una plena identificación con él, en un contexto político local e internacional muy distinto a las décadas del cuarenta y cincuenta, caracterizado por un entramado de articulaciones conflictivas entre la modernización cultural, los proyectos de renovación de las casas de estudio y la politización-radicalización de varios actores vinculados al sistema de educación superior ⁴ .

Referencias bibliográficas

Álvarez de Tomassone, D. (2000). Universidad Obrera Nacional-Universidad Tecnológica Nacional. La génesis de una universidad (1948-1962). Buenos Aires: Editorial Universitaria de la U.T.N.

Biagini, H. (2000). La Reforma Universitaria, antecedentes y consecuentes. Buenos Aires: Leviatán.

Bianchi, S. (2001) .Catolicismo y Peronismo. Religión y Política en la Argentina (1943-1955). Tandil: Instituto de Estudios Históricos-Sociales.

Balduzzi, J. (1987). Peronismo, saber y poder. En: Hacia una pedagogía de la imaginación para América Latina. Buenos Aires: Editorial Contrapunto.

Buchbinder, P. (2005). Historia de las Universidades Argentinas. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Buchbinder, P. (2008). ¿Revolución en los claustros? La Reforma Universitaria de 1918. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Caimari, L. (2010). Perón y la Iglesia Católica. Religión, Estado y sociedad en la Argentina (1943-19.55). Buenos Aires: Emecé.

Caldelari, M. y Funes, P. (1998). Escenas reformistas. La reforma Universitaria 1918-1930. Buenos Aires: Eudeba.

Ciria, A. y Sanguinetti, H. (2006). La Reforma universitaria (1918 – 2006). Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.

Del Mazo, G. (1941). La Reforma Universitaria, Tomos 1, 2 y 3, Edición del Centro Estudiantes de Ingeniería, La Plata.

Díaz de Guijarro (2018) Universidad y lucha de clases. La confluencia de obreros y estudiantes en la Córdoba reformista de 1918. VII Jornadas de estudio y reflexión sobre el movimiento estudiantil argentino y latinoamericano. Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. Argentina.

Dip, N. (2017). La peronización de universitarios en los años sesenta y setenta. En Folia histórica del nordeste, 29. IIGHI - IH- CONICET/UNNE.

Dussel, I. (1990). El movimiento estudiantil en el surgimiento de la Universidad Tecnológica Nacional: Los casos de la UBA y la UTN (1945-1966). Informe final de investigación. Buenos Aires: FLACSO.

Dussel, I. y Pineau P. (1995). De cuando la clase obrera entró al paraíso: la educación técnica estatal en el primer peronismo. En Puiggrós, A. (1995). Historia de la educación en Argentina; Tomo VI, Discursos pedagógicos e imaginario social durante el primer peronismo (1945-1955). Buenos Aires: Galerna.

Facio, M. (2014). “La Cenicienta de las Universidades” De la Universidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso de la Facultad Regional Avellaneda (1943-1963). (Tesis de Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo). Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Gaggero, H. y Garro, A. (2009). Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Estado, gobierno y políticas sociales durante el peronismo (1943-1955) Proyectos y realidades. Buenos Aires: Biblos-Fundación Simón Rodríguez.

Jalil, V. (2009). La Universidad Obrera Nacional. Una experiencia de Educación Popular. XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche. Argentina.

Kleiner, B. (1964). Veinte años de movimiento estudiantil reformista. 1943-1963. Buenos Aires: Platina.

Malatesta, A. (2005). El surgimiento de la Universidad Obrera Nacional en la Argentina de fines de la década de 1940. Revista Diálogos Pedagógicos, 6, 22-33.

Malatesta, A. (2008). La etapa fundacional de la Universidad Obrera Nacional. La conexión universitaria entre el aula y el trabajo. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional.

Malatesta, A. (2010). La creación de la universidad obrera nacional y la hora de la industria. La conexión universitaria entre el aula y el trabajo. Argentina: UCES.

Mollis, M. (1991). La historia de la Universidad Tecnológica Nacional: una Universidad para hombres y mujeres que trabajan. Revista Realidad Económica. 99, 91-108.

Nápoli, P. (2003). Política Educativa y Organización Académica en el período fundacional de la Universidad Tecnológica Nacional (1948-1962). (Tesis Doctoral en Ciencias de la Educación). Universidad Católica de La Plata. Argentina.

Novelli, N. (1986). Movimientos estudiantiles en la Universidad Tecnológica Nacional (1953-1958). Rosario: Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Instituto de Historia.

Pineau, P. (1991). Sindicatos, Estado y Educación Técnica (1936-1968). Buenos Aires: CEAL.

Pineau, P. (1997). De zoológicos y carnavales: las interpretaciones sobre la Universidad Obrera Nacional. En Cucuzza, H. R. Estudios de Historia de la Educación durante el Primer Peronismo, 1943-1955. Universidad Nacional de Lujan. Editorial. Bs. As. Argentina: Los libros del Riel.

Plotkin, M. (1993). Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista (1946-1955). Argentina: EDUNTREF.

Portantiero, J. C. (1968). Estudiantes y Política en América Latina. México: Siglo XXI.

Pronko, M. (1997). La universidad en el parlamento peronista: reflexiones en torno al debate de la Ley 13.031. En Estudios de historia de la educación durante el primer peronismo (1943-1955). Buenos Aires: Los Libros del Riel.

Pronko, M. (2000). El peronismo en la universidad. Buenos Aires: EUDEBA.

Pronko, M. (2003). Las Universidades del trabajo en Argentina y Brasil. Una historia de las propuestas de su creación. Entre el mito y el olvido. Montevideo: CINTEFOR.

Sánchez Román, J. A. (2007). De las “Escuelas de Artes y Oficios” a la Universidad Obrera Nacional: Estado, elites y educación técnica en Argentina, 1912-1955. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Somoza Rodríguez, J. (1997). Interpretaciones sobre el proyecto educativo del Primer Peronismo. De “agencia de adoctrinamiento” a “instancia procesadora de demandas”. Anuario de Historia de la Educación, 1. San Juan: Sociedad argentina de Historia de la Educación y Universidad Nacional de San Juan.

Tedesco, J. C. (1978). Educación e industrialización en argentina. Informe del Proyecto de desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe de la UNESCO/CEPAL/PNDU. Santiago de Chile. Chile.

Tedesco, J. C. (1980). La educación argentina (1930-1955). Buenos Aires: CEAL.

Weinberg, G. (1984). El descontento y la promesa. Buenos Aires: Editorial Belgrano.

Wiñar, D. (1970). Poder político y Educación. El peronismo y la CNAOP. ITDT. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Buenos Aires.

Zanatta, L. (2013). Perón y el mito de la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo (1943-1946). Tres de Febrero: EDUNTREF.

Fuentes documentales consultadas

Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Universidad Obrera Nacional. Reglamento de Organización y Funcionamiento. Ministerio de Educación de la Nación. Bs. As. Argentina. 1952.

Ley Nº 13229/48 –crea cursos de perfeccionamiento técnico para obreros y obreras (Universidad Obrera) (Bol. Of. 31/8/948).

Notas